¿Qué pasa si Peña Nieto dimite?Escenarios del cambio de Gobierno en México

Rodrigo Aguilera 

Publicado: 12/01/14 15:52 ET Actualizado: 01/31/15 05:59 AM ET

Fuente de la imagen: Daniel Becerril / Reuters

Desde la dimisión de Pascual Ortiz Rubio en 1932, México ha gozado de continuidad presidencial ininterrumpida, una racha que no tiene comparación con ningún sistema político importante en el hemisferio occidental (y posiblemente entre los más largos del mundo). A lo largo de estos 82 años, sin mandato presidencial se ha interrumpido debido a la muerte, el asesinato, la resignación, golpe de Estado o cualquier otra convulsión política especie y, como resultado, se ha vuelto difícil de imaginar una interrupción a esta sucesión ordenada que la mayoría de los mexicanos han dado por sentado. Sin embargo, el estallido de los disturbios sociales de la crisis Ayotzinapa combinado con la racha de escándalos que han afectado a la presidencia de Enrique Peña Nieto en los últimos dos meses, tal vez han hecho lo impensable un poco menos. Para aquellos de nosotros en el negocio de análisis de riesgo político y económico, los últimos años han demostrado que los sucesos altamente improbables, de hecho, se llevan a cabo y por lo tanto merecen una mirada más matizada.

Lo que dice la Constitución

La Constitución mexicana ofrece un proceso relativamente inequívoca de sucesión presidencial, al menos a primera vista. De acuerdo con el artículo 84, en el caso de la "incapacidad absoluta" del presidente durante los dos primeros años de su mandato de seis años, el Congreso podría reconstituirse como un colegio electoral y designaría a un presidente interino, seguido de una nueva elección dentro de 7 a 9 meses.Sin embargo, si la ausencia del presidente se produce después de que sus primeros dos años de gobierno (como sería el caso ahora), el Congreso designará un presidente sustituto que completaría el resto del mandato; no habría una elección en este caso. El artículo 86 especifica además que el presidente sólo puede renunciar voluntariamente en el caso de una "causa grave" (tumba causa), que tendría que ser definido como tal por el Congreso. Entre el momento en que el presidente se vuelve ausente y un interino o sustituto es designado (no más de 60 días), el secretario de Gobernación (hoy Miguel Osorio Chong), actuaría un presidente provisional.

Sin embargo, las cosas podrían ponerse difícil en la práctica. En ambos escenarios, el presidente interino / sustituto tendría que ser designado con mayoría absoluta (50% más uno) en el Congreso y la Constitución no especifica lo que sucedería en el caso de que no se alcanza la mayoría absoluta. Bajo la actual composición del Congreso, la búsqueda de un sucesor potencial para el presidente, por tanto, se enfrenta con el problema de que el PRI y sus aliados de caer justo en términos de legisladores en total: 313 de 628 (500 en la Cámara de Diputados y 128 en el Senado). Su déficit es mínimo: sólo dos más votos serían suficientes para darle la mayoría absoluta, pero la matemática deja claro que una oposición unida de hecho, podría empujar a través de su propio candidato, si así lo quisiera.

En cuanto a los despidos, el artículo 108 de la Constitución también menciona los dos crímenes que podrían ser motivo de una remoción del presidente: la traición y "común grave (es decir, no federal) crímenes" (Delitos Graves de Orden Común ), este último que es tanto ambigua y presumiblemente requeriría que el Congreso de definir. El artículo 110 especifica aún más el proceso a través del cual cualquier funcionario público podría enfrentar un juicio político. Esto requeriría una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, seguido por el voto de dos tercios en el Senado a ratificar la sentencia y sanción.El artículo 111 establece que en el caso específico del presidente, él sólo puede ser acusado en el Senado. Por lo tanto, la obtención de una mayoría de dos tercios requeriría una participación de colegas senadores del PRI de Peña Nieto voto en contra de él, lo que sugiere que no se puede quitar de forma realista de su cargo por el Congreso.

Tres escenarios

Es muy poco probable que la crisis política actual se difunde sin algún tipo de reorganización en el gobierno; aunque las tensiones desaparecen en las próximas semanas (que seguramente es lo que el gobierno está apostando a dadosu plan recientemente anunciado para combatir la corrupción ), el potencial de un evento futuro que encendió los disturbios permanecerá latente. Aquí hay algunos escenarios de cómo la crisis política podría desempeñar en el caso de que conduce al cambio actual gobierno.

Escenario 1:. Mayor gabinete reorganización de Peña Nieto y su equipo (probablemente influenciado por los incondicionales del PRI que no están en su círculo íntimo) podrían decidir que la concesión menos perjudicial es eliminar ciertos miembros clave del gabinete. En este caso, el primer nombre en la lista es probable que sea Jesús Murillo Karam, el fiscal general, que ha sido criticado por la demora del gobierno federal en la respuesta a los secuestros en Iguala, así como en ofrecer una explicación convincente de lo que el destino sucedió a esos 43 estudiantes el 26 de septiembre después de que fueron llevados por la policía municipal y entregaron fuera a una banda de narcotraficantes.Otro miembro del gabinete relacionados con la seguridad de que podría enfrentar el hacha podría secretario de Defensa Salvador Cienfuegos, quien también ha sido criticado por la ejecución sumaria del Ejército de 22 presuntos miembros de pandillas de drogas en Tlatalya, el 30 de junio. Sin embargo, el general Cienfuegos 'estrechos vínculos con el presidente puede impedir esto. Aunque no relacionado con la seguridad, la secretaria de educación Emilio Chuayffet y secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell también corren algún riesgo de que se barajan a cabo, en ambos casos para mantener un perfil tan bajo en dos sectores clave que han sido objeto de una reforma.Ambos son miembros de la vieja guardia del PRI, pero no especialmente cerca del presidente que probablemente podría hacer con tener a alguien con más vigor y experiencia en sus respectivos sectores. El secretario de Transporte, Gerardo Ruiz Esparza podría estar en línea para el reemplazo, dado el fiasco sobre la cancelación de la Ciudad de México-Querétaro tren bala licitación. Por último, la posibilidad de que la primera dama "voluntariamente" renunciar a su cargo de director del DIF no tendría precedentes pero justificaba dado que ella es el centro de un gran escándalo.

¿Esta reorganización será una concesión aceptable? Tal vez no, dado que los cambios son meramente superficial; El círculo íntimo de Peña Nieto y la clase política en su conjunto se mantienen intactos. Pero podría comprar tiempo al gobierno y en ausencia de otra tragedia al estilo de Ayotzinapa o escándalo político, bien puede ser suficiente para asegurar su supervivencia en los próximos cuatro años.

Escenario 2: Presidente renuncia, PRI elige reemplazo.Suponiendo que las protestas se intensifican y se complementan con las huelgas de ámbito nacional, así como otras formas de desobediencia civil, la posibilidad de que el presidente se presiona para que renuncien sería tal vez no sea tan caótico en la medida en que la violencia es contenida y el Congreso se mueve inmediatamente a aplicar el proceso de sucesión se indica en la Constitución. La pregunta ahora se vuelve hacia quien sería designado como presidente sustituto de los cuatro años restantes de la actual legislatura.La parte mejor preparada para nombrar este sustituto es el PRI.Pero, ¿hay un miembro del PRI que podría ser a la vez un líder eficaz, comprometerse con una reforma del sistema político, y recuperar la confianza de los que se han manifestado en contra de Peña Nieto, incluso antes de su toma de posesión?

La respuesta corta es no. Muchas de las críticas de Peña Nieto se ha dirigido igualmente al PRI y seguramente sus detractores ver a la persona y el partido como parte de la misma máquina. Sin embargo, esto no quiere decir que no hay ningún otro miembro del PRI que podría ser un estadista y formulador de políticas mucho más eficaz. El que viene a la mente es Manlio Fabio Beltrones, que si no hubiera sido por la existencia de Peña Nieto bien pudieron haber sido presidente hoy: regañadientes se retiró a sí mismo como un pre-candidato, cuando el resto del grupo cerró filas a favor de Peña Nieto, que fue visto como más carismático.Sin embargo, a pesar de la astucia y el dominio de la realpolitik mexicana de Beltrones, su reputación como parte de la creación PRI viejo probablemente amortiguar la esperanza de que la reforma política sustantiva podría lograrse durante su administración. La preocupación por la inclinación del viejo PRI para la represión y un estilo corporativista de gobierno también sugieren que la colocación de Beltrones en la presidencia sería un paso atrás en términos de abordar los temas de corrupción que afectan a la política mexicana y están en la raíz de la furia manifestantes.

En pocas palabras, en sustitución de Peña Nieto para otro incondicional PRI ofrecería poca ventaja desde el escenario de un gobierno de reorganización. No hay verdaderos reformistas en un partido que encuentra su mayor comodidad y el éxito en acunando en el interior del establecimiento muy político que se creó a raíz de la Revolución, y que ha resistido crónicamente transformándolo en uno más compatible con los ideales de un verdadero liberal democracia.¿Podría la oposición designar a uno de los suyos en su lugar? En teoría, sí, aunque se mantendría por ver si existe la cohesión suficiente entre el PRD y el PAN para presentar un candidato aceptable para ambas partes (así como a sus propias pertenencias altamente divididas) y si hay un profundo compromiso político suficiente para reforma. La opinión pública de ambas partes también es actualmente bastante bajo como consecuencia de sus propios escándalos recientes, lo que explica por qué no ha encontrado una manera de aprovechar de manera efectiva en los problemas del presidente.

Escenario 3: Presidente renuncia, el reemplazo no partidista es elegido por consenso entre los partidos. El estancamiento posible causada por la falta de una mayoría absoluta en el Senado podría ser el catalizador para discutir la posibilidad de una figura política no partidista para actuar como presidente sustituto para los próximos cuatro años. Esta persona tendría que tener tres características principales. La primera es que él o ella debe exigir el respeto de un suficientemente amplio sector de la población mexicana y tener una carrera profesional que no deja signos de interrogación sobre su integridad moral. En segundo lugar, la persona debe haber tenido alguna experiencia de trabajo con el gobierno, incluso si él o ella no ha trabajado directamente por ella o nunca ha sido elegido para un cargo público. Tercero y quizás lo más importante, la persona generalmente debe ser visto como ideológicamente comprometida, capaz de apelar a los políticos y los mexicanos comunes de todos los lados del espectro.

Hay varias personalidades en el escenario político de México que cumplan con las tres características, hasta cierto punto, pero hay dos que tal vez podría llenar el papel mejor. El primero es Juan Ramón de la Fuente , quien se desempeñó como secretario de Salud durante el gobierno de Ernesto Zedillo y más tarde fue nombrado rector de la UNAM (la mayor universidad pública de México) en 1999 tras una grave crisis en la institución, que él era capaz de difundir . De la Fuente nunca ha sido miembro de ningún partido político a pesar de ser visto como una figura atractiva a la izquierda, en la medida en que Andrés Manuel López Obrador le propuso como secretario de educación potencial en el caso de una victoria en las elecciones de 2012. El segundo esJosé Woldenberg . Él es mejor conocido por haber sido el director del Instituto Federal Electoral (IFE) durante las elecciones de 2000, esencialmente asegurar que la transición de México a partir de siete décadas de gobierno de partido único a una democracia electoral transcurrió sin problemas. A pesar de ser miembro de diversos partidos socialistas anteriores en su carrera y más tarde, el PRD, que se identifica hoy como derecho de tendencia pero aún debe ser una opción aceptable para todos, pero el más radical de los izquierdistas.Fundamentalmente, ni es probable que revertir las reformas estructurales que ya han sido aprobadas.

Independientemente de quién sea elegido, aún queda por ver si serían capaces de llevar a cabo los cambios políticos necesarios que la mayoría de los mexicanos estaría de acuerdo han sido desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que operarían en el contexto de un Congreso que aún estaría dominado por tres partes que tienen un interés creado en mantener el sistema lo más cerca posible intacta posible. Todavía se puede esperar, sin embargo, que un líder fuerte no partidista podría empujarlos hacia adelante mejor que nadie.

La amenaza de la inestabilidad

La inestabilidad política y la dislocación económica generada por el malestar social crónica es, sin duda, el escenario más temido por los que han tomado una postura vocal contra las protestas. ¿De qué forma esta inestabilidad puede manifestarse en sí es difícil de evaluar, dado que no existe un precedente inmediato en la historia moderna de México. Lo que es cierto, sin embargo, es que cualquier período prolongado de malestar minará la posibilidad de una recuperación económica en el corto plazo, y, posiblemente, crear un círculo vicioso de mayor descontento.Cifras de confianza del consumidor de noviembre establecido que se publicará a finales de este semana pueden mostrar los primeros destellos del impacto económico de la crisis política.

Dicho esto, parece discutible si un brote de grave inestabilidad política podría tener lugar en México. En primer lugar está el hecho de que la mayor parte de los descontentos de México son estudiantes y media de trabajo / ciudadanos de clase sin una dirección central y con poca capacidad para aplicar la violencia organizada. Aunque un puñado de radicales de izquierda se puede encontrar dentro de sus filas - y algunos de ellos con vínculos con grupos guerrilleros como el EPR (que tiene una presencia en el sur de México) - estos son incapaces de algo más que la interrupción regional.México también no tiene una historia de intervención militar en la política desde la Revolución, lo que impedirá que las fuerzas armadas de tomar un papel activo en la crisis. Por último, la naturaleza arraigada de tres partes principales del país sugiere, además, que iban a avanzar rápidamente para asegurar una transición tan suave como las circunstancias lo permitan, ya que ninguno de ellos podrían beneficiarse de la enfermedad prolongada.

Aún así, la posibilidad de un flujo y reflujo de disruptivas - pero no desestabilizadora - protestas es grave. En ausencia de una amenaza creíble para la supervivencia del gobierno (como fue el caso de los "cazerolazos" argentinos en 2001, que provocó la caída del gobierno de De la Rúa, por ejemplo), este escenario podría tener el efecto perverso de no poner suficiente presión sobre Los líderes políticos de México para perseguir un cambio radical y, al mismo tiempo, mantener la economía bajo llave en un estado de incertidumbre que no beneficia a nadie.

Dimitirá Peña Nieto?

La primera pregunta que debe hacerse es si - Consideraciones sobre la inestabilidad de lado - Peña Nieto debería renunciar.Hasta septiembre, se podría argumentar que el balance de sus dos primeros años en el cargo había sido algo positivo, a pesar de la gestión económica a corto plazo mediocre y una incapacidad para reducir la delincuencia. La responsabilidad directa de su gobierno por la tragedia Ayotzinapa también es dudosa; la desaparición de los 43 estudiantes se produjo en territorio oposición y cualquier apuntando los dedos hacia el "Estado" implica que él y su partido mantenga ninguna parte más grande de la culpa de este crimen que el resto de la clase política. En última instancia, si Peña Nieto se ha desempeñado bien es subjetivo, y la ineptitud percibida no es simplemente suficiente para un jefe de estado de cualquier democracia para dejar de fumar (que habría un montón de elecciones anticipadas en todas partes si es así).

La acusación de conflicto de intereses derivado de escándalo "casa blanca" de la primera dama es una cuestión mucho más grave, ya que empaña uno de los requisitos más importantes de un jefe de Estado: su adhesión incontestable para el Estado de Derecho. Con esto en mente, es verdaderamente difícil imaginar cómo un escándalo como este no daría lugar a un juicio político en los EE.UU. (recordemos que tanto Nixon y Clinton se enfrentaron esta sobre mucho más trivial crímenes), o para un voto de no confianza en un sistema parlamentario europeo. Si las acusaciones demuestran ser bien fundadas - revelador, el PRI ha bloqueado un intento de crear una comisión especial en el Congreso para investigar - la idea de que este escándalo no debe ser razón suficiente para forzar la renuncia de Peña Nieto sugiere que México debe mantenerse al un nivel más bajo que el del Oeste en permitir que la corrupción manifiesta en altas esferas del gobierno. En otras palabras, un sistema ya terriblemente corrupto de alguna manera merece conseguir un pase libre a ser aún más.

Pero incluso si existen motivos sólidos para su renuncia, ¿verdad? Si la historia es una guía, las apuestas deben estar en Peña Nieto permanecer en su puesto hasta el final de su mandato y la realización de un desganado cambio de gabinete en algún momento en el futuro cercano - a lo sumo. En un país donde hasta el más humilde de los políticos se aferra a su puesto en el desafío de la más grave de los crímenes, esperando que el presidente de dejar apenas un tercio del camino en su término es casi inconcebible.

Tomado de:http://m.huffpost.com/us/entry/6250458

La salida de Calderón y la situación naciona

Alejandro Manrique Soto

A finales del mes de marzo del año en curso, el presidente Felipe Calderón dio un informe en el cual lejos de reconocer la situación general que guarda la nación, se dedicó a realizar autoelogios para él y su gobierno. Dicho informe denominado Un gobierno democrático que rinde cuentas, en el que hace un recuento de “sus logros”, tocó temas como la lucha contra el crimen organizado, afirmó que el país es mejor que hace seis años y que los alcances de su gobierno son “Todos, sin excepción, con resultados positivos; muchos de ellos con cifras, datos e inversiones históricas y sin precedente.” Asimismo desmintió “categóricamente” que la pobreza haya crecido en México.
El informe dado por Calderón, en el cual por cierto se llevaron cientos de trabajadores de distintas dependencias del gobierno es decir “acarreados” a la vieja usanza priísta, tocó varios temas pero no los de mayor importancia para el país, sobre los cuales se puede hablar de un fracaso total en las políticas públicas impulsadas y aplicadas por su gobierno.

En relación con el nivel de vida general de la población se puede observar una caída en el ingreso de los trabajadores, un aumento en el desempleo que alcanza cerca del 30% de la población económicamente activa (PEA), así como en el empleo precario y en el trabajo informal, el cual llegó casi al 60 por ciento de PEA según los datos proporcionados por un grupo de especialistas entre los que participan investigadores de la UNAM, el cual afirma que:

“Partimos de una acepción más amplia de la informalidad, que comprende a grupos como los trabajadores rurales en condiciones de subsistencia; los domésticos remunerados pero sin prestaciones de salud; los no remunerados de cualquier empresa o sector, y uno que ha crecido mucho: el de los subordinados a un patrón, con o sin salario, pero sin acceso a la seguridad social, indicó.” (Periódico La Jornada. Sábado 24 de marzo de 2012, p. 27.)

Las condiciones de vida de la gran mayoría de la población se vio afectada de manera sensible, las posibilidades de desarrollo de millones de estudiantes que egresan de las diferentes universidades, de escuelas de educación media superior y de educación tecnológica se ven en una situación en la en el mejor de los casos tienen que aceptar trabajos con ínfimos salarios y en condiciones de extrema explotación. Por otro lado miles de jóvenes, en este año más de 110,000, se quedaron sin acceso a la educación superior el enfrentarse al limitadísimo cupo que tiene el sistema educativo nacional, creándose con esto un sentimiento de impotencia, frustración y desesperanza en la gran mayoría de los jóvenes del país quienes constituyen un potencial que lejos de rechazarse y estigmatizarse, debería impulsarse para aprovechar todo su talento y alimentar las diferentes áreas de conocimiento y desarrollo que el país necesita.

El desarrollo económico y por ende social, prometido en campaña por Calderón y posteriormente reiterado de manera frecuente a lo largo del sexenio, nunca llegó. Por el contrario, la situación económica de la población, así como los indicadores del desarrollo social se fueron a la baja conforme el tiempo avanzaba. Esto aunado a la escalada de violencia que se originó con la equívoca lucha del gobierno en contra del crimen organizado, desencadenó una sensación de inseguridad y miedo entre la gran mayoría de la población.

Por el lado de los movimientos sociales que se mostraron críticos y opositores a las políticas implementadas del gobierno, las puertas del diálogo y el acercamiento para la escucha, la búsqueda y la construcción de puentes se mantuvieron cerradas y no solo eso, la represión fue la constante para todo tipo de voz crítica que no estuviera de acuerdo con la forma en que el gobierno llevaba las riendas de la nación.

En términos generales, el sexenio de Felipe Calderón, aunado al de su predecesor Vicente Fox dejan al país sumido en una profunda crisis económica y social acrecentada por la situación de violencia e inseguridad que permea a todas las capas de la sociedad. El gobierno de Calderón no cumplió ni con mucho con sus promesas de campaña y en especial aquella que decía sería el presidente del empleo, lo cual resultó ser falso.

La política exterior de México durante el sexenio de Vicente Fox

Alejandro Anaya Muñoz*
El sexenio del presidente Vicente Fox empezó en tono muy optimista, particularmente con respecto a los cambios que muchos esperábamos en el sistema político y la situación social y económica nacional. Y aunque la política exterior no estuviera entonces —como no lo está ahora tampoco— entre las prioridades de la sociedad mexicana en general, el sentimiento de optimismo de alguna manera se extendió también al campo de las relaciones internacionales de nuestro país. Fuera de México, de hecho, las expectativas sobre el futuro de nuestra democracia y sobre el liderazgo de Vicente Fox eran altas. El llamado “bono democrático” —los méritos de haber transitado a la democracia tras 70 años de autoritarismo— le dio a nuestro país una legitimidad renovada en el ámbito internacional; le planteó oportunidades para que asumiera mayor influencia diplomática en distintos foros. Vicente Fox, en concreto, tuvo la oportunidad de ocupar un lugar de influencia preponderante entre los líderes del mundo o, al menos, de América Latina. ¿Dónde estamos seis años después? ¿Cuál es el balance de este sexenio en política exterior? No es el objetivo de este espacio realizar una descripción amplia y detallada de todos los procesos, de las distintas iniciativas o proyectos realizados durante todo el sexenio. El objetivo, más bien, es acercarnos a algunos asuntos particularmente relevantes. Desde principios de su sexenio, el presidente Fox planteó tres objetivos centrales para la política exterior de su gobierno: proyectar una nueva imagen de México frente a la comunidad internacional, priorizar la relación estratégica con Estados Unidos y fortalecer la presencia de nuestro país en los principales foros multilaterales. El primer objetivo conduciría al país a asumir la membresía plena del club de las democracias respetuosas de los derechos humanos; el segundo, a buscar un acuerdo migratorio con Estados Unidos y en términos generales profundizar la integración de América del Norte; y el tercero a lograr que México ocupara en la esfera internacional “el lugar que le corresponde” a un país de su tamaño y sus capacidades económicas. El ya mencionado “bono democrático” facilitó la consecución del primer objetivo: México ingresó en fast track al club de las democracias, y pudo con un inteligente cambio de estrategia modificar radicalmente su imagen en derechos humanos. Uno de los cambios más claros en la política exterior de México se dio precisamente en este tema: el gobierno dejó de negar que el país tuviera problemas importantes de derechos humanos y renunció a seguir escudándose en los principios de respeto a la soberanía y no intervención para evitar el monitoreo y la crítica internacional. Por lo contrario, se comprometió públicamente a asumir el déficit en derechos humanos (particularmente investigando las violaciones del pasado) y aceptó abiertamente el monitoreo, la crítica y la asesoría de actores internacionales (intergubernamentales y no gubernamentales). Más allá de aceptar el escrutinio internacional, México asumió una posición pro-activa en los foros internacionales de derechos humanos, proponiendo acciones y resoluciones sobre un amplio número de temas. De esta manera, promovió con éxito una percepción de que ya no era “parte del problema”, sino “parte de la solución”. Tal ha sido el reconocimiento que nuestra diplomacia ha logrado construir en este tema, que México fue electo para presidir el recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Sin embargo, esta estrategia no ha estado libre de contradicciones y cuestionamientos, particularmente en lo que toca a su elemento más controversial: el voto “contra Cuba” en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ciertamente, la causalidad de esta nueva posición es poco clara: ¿fue una acción congruente en el sentido de decir: “Si yo he abierto las puertas a los organismos internacionales de derechos humanos, tengo que pedir que otros países también lo hagan”?; ¿o fue parte de las “señales de amistad” que nuestra diplomacia quería enviar a Washington?; ¿o fue una manifestación clara y directa de las convicciones ideológicas del nuevo gobierno? Como sea, sus efectos han sido evidentes: mayor tensión y alejamiento diplomático con el régimen de Castro, y cierta desconfianza de otros gobiernos latinoamericanos de orientación izquierdista. En la relación con Estados Unidos, el gobierno de Fox supuso que la afinidad ideológica del Presidente de México con George W. Bush daba a nuestro país una oportunidad ideal para promover ciertos objetivos. Se pensó que México podría ser una prioridad en la agenda de política exterior estadounidense y que, en concreto, podría conseguirse un “acuerdo migratorio integral”; la famosa “enchilada completa”, el objetivo número uno de la política exterior mexicana del sexenio. En un principio, el discurso del Presidente Bush alimentó en cierta medida estas aspiraciones de nuestro gobierno. Pero tras los atentados del 11 de septiembre, resultó claro que las prioridades de Washington eran otras. Para algunos analistas, y por supuesto para la propia administración Fox, los atentados “causaron” un cambio en las prioridades estadounidenses, echando por tierra las posibilidades del acuerdo migratorio, el cual, de otra manera, habría progresado. Sin embargo, podría argumentarse que con atentados o sin ellos, el “acuerdo migratorio integral” nunca fue una posibilidad real, tal como sugiere el desarrollo reciente de los debates sobre el tema en Estados Unidos.
Por otro lado, el gobierno de Fox ha argumentado que el hecho de que el tema migratorio esté hoy por hoy —y a pesar del 11 de septiembre— en la agenda política estadounidense se debe a que el gobierno mexicano “lo puso sobre la mesa”. Parece, no obstante, que no es posible identificar una causalidad directa e inequívoca en este sentido; sin duda, hay elementos de política (meramente) interna que pueden también explicar la emergencia del tema en la agenda norteamericana. Como sea, al final del sexenio no hay acuerdo migratorio ni una mayor integración en Norteamérica (la cual, por cierto, pareció alejarse aún más recientemente, tras el cambio de gobierno en Canadá). En relación con el tercer objetivo mencionado —buscar un mayor protagonismo de nuestro país en los principales foros multilaterales,— podemos recordar la organización de importantes reuniones internacionales: la Cumbre de las Naciones Unidas para el Financiamiento al Desarrollo, la V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, la cumbre de la APEC, la Cumbre Extraordinaria de las Américas y la cumbre de la ALCUE, entre otras. Sin embargo, lo más destacado en este sentido fue la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual nuestro país logró hasta el final mantener una postura contra la intervención de Estados Unidos en Irak; decisión que fue apoyada por la mayor parte de la sociedad mexicana y dio notables bonos de legitimidad interna al gobierno. Para muchos, no obstante, participar en el Consejo de Seguridad nos causó problemas innecesarios, principalmente mayores fricciones con el gobierno norteamericano, disminuyendo aún más las oportunidades de conseguir “la enchilada completa” migratoria. En suma, nuestra diplomacia logró proyectar una nueva imagen de México ante la comunidad internacional (una de un país democrático y amigo del proyecto internacional de derechos humanos) y fue protagonista en los principales foros multilaterales; no logró, por otro lado, ni un acuerdo migratorio ni avanzar en otros sentidos la integración en América del Norte. Dos de tres no está mal, dice el dicho. No obstante, podría el lector no estar de acuerdo con la proyección de México como un país promotor de derechos humanos (recordemos los casos de Guadalajara, Lázaro Cárdenas y Atenco). Candil de la calle, oscuridad de la casa. Parece, como sea, que en derechos humanos debemos rescatar los beneficios de la apertura al escrutinio internacional para el desarrollo del proyecto de derechos humanos en México; así como iniciativas específicas que se materializaron en instrumentos internacionales o mecanismos especiales de supervisión relacionadas con los derechos de los migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Podría, por otro lado, concluir el lector que buscar ser protagonista en foros multilaterales trajo más problemas que beneficios. En concreto, ¿qué ganamos participando en el Consejo de Seguridad? (En ese mismo sentido se podría cuestionar qué ganaríamos participando en operaciones de mantenimiento de la paz) Las opiniones en este tema han sido ampliamente divergentes. Sin duda, ser miembro responsable de la comunidad internacional implica riesgos, no solamente beneficios. En concreto, podemos rescatar de esta experiencia específica el haber dejado claros los límites de nuestra relación estratégica y nuestra alianza con Estados Unidos. Por otro lado, hay que considerar la utilidad instrumental que en política interna puede tener este protagonismo internacional; después de todo, no apoyar la guerra en Irak, como decía, dio importantes bonos de legitimidad al gobierno de Fox. Pero los intereses de los gobiernos no siempre coinciden con los de sus respectivos Estados; lo cual tiene implicaciones éticas que no debemos soslayar. 36 No podemos dejar de señalar, finalmente, los “efectos secundarios” de haber reforzado la prioridad dada a la relación con Estados Unidos, así como los votos “contra Cuba” en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Estos dos factores, en conjunto con los garrafales deslices diplomáticos de Vicente Fox, así como la fallida apuesta del Secretario de Relaciones Exteriores por lograr la Secretaría General de la OEA, distanciaron a México mucho más de lo que quisiéramos de un buen número de países de América Latina. Si bien es exagerado e inexacto argumentar que México fue en algún momento “el líder” de la región, así como lo es decir que las relaciones con toda la zona son pésimas, es necesario reconocer que se han afectado profundamente las relaciones con Cuba y Venezuela, y que se pusieron inútilmente bajo tensión con Bolivia, Argentina y —lo más delicado— Chile. Sin duda, el que México haya perdido buena parte del prestigio —traducible en influencia— que tenía en la región no es una buena noticia, aunque el comercio con la región y (de manera particular) la inversión mexicana en los distintos países continúen aumentando. De esta manera, el Presidente Fox deja un panorama de zonas negras, blancas y grises en materia de política exterior. Debemos, sin embargo, ser más exigentes que indulgentes en el ejercicio de rendición de cuentas de final de sexenio y concluir que no podemos estar satisfechos con el trabajo de esta administración en las relaciones internacionales de nuestro país.


tomado de : http://www.uia.mx/web/html/actividades/sexenio/LaPoliticaExterior.pdf

El sexenio de Ernesto Zedillo visto desde el presente

Miguel Ángel Romero Miranda *

L

a demanda civil contra Ernesto Zedillo Ponce de León en Estados Unidos por su responsabilidad en la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 ha abierto una reflexión y un debate sobre su permanencia en la política mexicana, y sobre su responsabilidad en la reproducción del autoritarismo del Estado mexicano y la violación a los derechos humanos.

El ex presidente mexicano y los intelectuales orgánicos han cultivado la leyenda de que se encuentra alejado de las grandes decisiones nacionales, y de que desempeñó un papel fundamental en la democratización del país y en la instauración de un estado de derecho. Él mismo lo ha dicho como defensa a raíz de que fue acusado en Estados Unidos.

Ambas acusaciones son cuestionables. Como mandatario, Zedillo construyó un entramado institucional para construir un poder transexenal que le ha sido enormemente eficaz. Con discreción, sin tener que pagar los costos de una injerencia política directa, influye en aspectos centrales de la política nacional. Ese poder ha servido para consolidar el proyecto neoliberal en México y tratar de silenciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno.

Aún falta armar el gran rompecabezas que permita identificar la poderosa red de poder transexenal que Ernesto Zedillo construyó en el ámbito jurídico, político y económico, que ha sido capaz de blindar el modelo neoliberal que él profundizó y que busca garantizar su vigencia por treinta años, tal como proclamó José Ángel Gurría.

La primera pieza del rompecabezas zedillista fue una reforma judicial. Al iniciar su sexenio, EZPL promovió la restructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): los 26 ministros que la integraban fueron destituidos, para crear otra con sólo 11 miembros. Para realizar este cambio constitucional contó con el voto del PAN.

Algunos compararon esa acción con un golpe de Estado técnico, similar a lo que hizo Alberto Fujimori en Perú. Uno de sus resultados netos fue que dejó fuera a nueve ministros que había nombrado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

El proyecto neoliberal en México contó, a partir de ese momento, con un blindaje jurídico. Quien osara realizar cambios legales que amenazaran los pilares del libre mercado, debían pasar por la aduana que define, en última instancia, su constitucionalidad.

Vicente Fox gobernó con una SCJN nombrada durante el gobierno de su antecesor. A eso se llama poder transexenal. Hoy, aún ejercen cuatro ministros nombrados durante el sexenio zedillista y el próximo presidente iniciará su mandato con dos de ellos, que permanecen desde enero de 1994.

No sólo obtuvo el control político del Poder Judicial, también creó tres órganos reguladores con un diseño institucional que, en lugar de propiciar la competencia, fortaleció a los monopolios.

Otra de las reformas producto del consenso zedillista fue la reforma política que, en una muestra de soberbia, calificó como definitiva. Tal reforma fue producto de negociaciones fuera del Congreso.

El Ejecutivo le amarró las manos al PRI y en la bancada de este partido se hizo lo que el equipo de Los Pinos ordenó, pero los panistas y los perredistas sí tuvieron voz, sus propuestas fueron votadas favorablemente y vetaron a quienes consideraban cercanos al PRI. “La diputación obrera, encabezada por José Ramírez Gamero, expresó no sentirse identificada con José Woldenberg, Mauricio Merino ni Jaqueline Peschard, quienes fueron impulsados por el tricolor en las negociaciones de Bucareli” (La Jornada, 30 de octubre de 1996).

En la integración del IFE el PRI tuvo representantes impuestos desde Los Pinos. En los hechos, el presidente contribuyó a debilitar a su partido. Visto desde el presente, ese objetivo se logró con creces y permitió a EZPL encumbrarse a nivel mundial como el demócrata que logró la alternancia política.

Otra pieza del rompecabezas político fue la creación del Tribunal Federal Electoral en octubre de 1996. De nueva cuenta fueron los presidentes de PAN y PRD, junto con el equipo de Los Pinos, quienes se pusieron de acuerdo para elegir a los siete magistrados que lo integrarían.

Con una vigencia de diez años, este órgano constitucional trascendió el sexenio y fueron los miembros electos en 1996 (con una excepción) los que calificaron la elección de 2006. En otras palabras, los integrantes electos durante el gobierno de Zedillo reconocieron el triunfo de Felipe Calderón en esa contienda presidencial. ¿A quién apoyaron los zedillistas? El dato duro es que cogobiernan con Calderón.

Integrantes del gabinete de Ernesto Zedillo son ahora dueños de tres de las más influyentes encuestadoras del país. El ex presidente en imagen de archivoFoto Carlos Ramos Mamahua

Durante su sexenio, EZPL privatizó sectores estratégicos altamente sensibles para mantener la seguridad nacional: puertos, minas, electricidad, ferrocarriles, el gas doméstico y aeropuertos. Con esas acciones consolidó un conjunto de relaciones con empresas trasnacionales que, al término de su mandato, le permitió integrarse a laborar con firmas que se vieron beneficiadas con sus decisiones. EZPL construyó un complejo entramado de relaciones trasnacionales que le ha permitido ser, tal vez, el personaje político mexicano que mayor reconocimiento en el sector empresarial internacional.

EZPL forma parte de juntas directivas, consejos de administración y consejos ejecutivos de importantes empresas a nivel global. Es asesor de otras tantas y tiene el nombramiento de director de algunas más. Además de ser profesor, es director del Centro para el Estudio de la Globalización en Yale, consejero asesor en la Initiative for Policy Dialogue (IPD) de la universidad de Columbia. Asesor del Instituto Internacional de Economía y becario visitante del Centro para el Estudio del Gobierno Global. Además de ser miembro del Club de Madrid y del Consejo de Inter Acción.

Lo cierto es que en la reciente sesión anual del Foro Económico Global, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña estaban deseosos detomarse la foto con Zedilllo. Sin duda, la cercanía con EZPL da prestigio y es la llave que abre o cierra el mar de relaciones de poder trasnacional que ha construido quien se ha convertido, para unos, en untalibán del neoliberalismo para otros, en un prestigiado global speaker.

La pieza faltante del rompecabezas zedillista ha sido encontrada tras la investigación que desarrolló el periodista Jenaro Villamil, en la cual documenta tanto la intervención de Zedillo en el proceso de restructuración de la deuda de Televisa como los movimientos para que Emilio Azcárraga Jean tomara el control de la empresa.

El acuerdo incluyó la incorporación de miembros del equipo zedillista en puestos clave dentro de la empresa. Lo sorprendente es que son personajes que permanecen en Televisa y cada día tienen un mayor poder dentro y fuera de la empresa (Salvi Rafael Folch Viadero, Leopoldo Gómez). Así, Televisa juega un papel central durante los procesos electorales. Golpea o proyecta a personajes, partidos, empresarios u organizaciones de distinta índole.

El elemento complementario de la red de poder en el ámbito de la comunicación política son las encuestadoras. Los dueños de tres de las más influyentes tienen en común que fueron parte del gabinete de EZPL: Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía; Liébano Sáenz, secretario particular, y Ulises Beltrán, secretario técnico de la Presidencia de la República y encuestador de cabecera. El equipo de Zedillo controla las principales encuestadoras y una más está asociada a Televisa, su aliado mediático.

El último elemento de este entramado son los llamados intelectuales orgánicos. Su tarea es acreditar y defender el papel de la encuesta como un instrumento que orienta las preferencias electorales. Ningún candidato a la Presidencia se atreve a desacreditar las encuestas ni a sus voceros. Cuando lo han hecho, los intelectuales orgánicos se encargan de desacreditarlo. En cambio, cuando fallan las predicciones de las encuestadoras acreditadas, el silencio de los medios y los analistas es la respuesta.

Para ver el alcance de esta pieza mediático-electoral, hay que recordar la función que GEA-ISA desempeñó en 2006. En abril aseguró que Felipe Calderón había alcanzado a AMLO. A partir de ahí, el puntero trastabilló, cometió errores, hasta que perdió. El premio a los principales socios de esa empresa fue enorme: a Jesús Reyes Heroles lo nombraron director general de Pemex y a Guillermo Valdez correspondió la titularidad del Cisen. Eso es lo que Felipe Calderón pagó por el maquillaje de una tendencia electoral, con un reconocimiento implícito al tejedor de esa red de poder mediático.

Quienes pensaron que EZPL era un tonto se equivocaron rotundamente. Creó un aparato jurídico, económico e informativo de carácter transexenal que continuará vigente por muchos años, a menos que un movimiento social de gran envergadura decida quitarlo mediante la fuerza de la organización. Sin ese giro fundamental, seguiremos peleando contra los molinos de viento y el neoliberalismo y sus defensores seguirán dirigiendo el país.

* Director de la revista El Cotidiano de la UAM-A

tomado de; http://www.jornada.unam.mx/2012/03/24/opinion/014a1pol

carlos Salinas de gortari (1 Dec 1988 - 30 Nov 1994)

Inicios del salinato
El gobierno salinista tomó posesión en medio de graves
rezagos económicos y la ingobernabilidad del país sometido
a policías corruptos, bandas de narcotraficantes y grupos de
presión corporativos. Salinas de Gortari inició de manera
espectacular su mandato, encarcelando a prominentes
dirigentes petroleros y al director de la policía política del
régimen; además de capturar a añejos narcotraficantes y
apoyar la condena norteamericana al dictador panameño
general Manuel Noriega, con lo que el Grupo Contadora y la
intromisión mexicana en los asuntos centroamericanos cesó,
dejando hacer al imperialismo.
Los norteamericanos premiaron su conducta presionando a
los banqueros para que se iniciara la negociación de la
deuda externa. Los asuntos pendientes con los EUA eran la
migración indocumentada de mexicanos, los precios de las
materias primas, la transferencia de tecnología, la integración
de la industria maquiladora a la economía nacional y, sobre
todo, la interpretación del principio de no intervención.
La perspectiva era renegociar la deuda y liberar recursos
para garantizar un crecimiento de la economía, hasta 2000,
con un ritmo del 2.5% anual, crear un millón de empleos
anuales para evitar el desempleo y lograr así recuperar el
nivel de vida de 1982. 

El sistema neoliberal
Salinas de Gortari asumió el poder con una crisis económica manifiesta. Se propuso realizar una reforma del
Estado en la que se buscaba una modernización, en un contexto mundial marcado por una nueva participación de
los estados en la economía y la política. En su discurso de toma de posesión se dejaba entrever la adopción de un
sistema neoliberal que ya imperaba en el mundo. No obstante, el simple término causo malestar, alertando la
posibilidad de regresa a un neo liberalismo, dejando de lado el Estado de bienestar propuesto en la teoría de John
Maynard Keynes, para retomar el liberalismo individualista. Contemplando las consecuencias negativas del modelo
neoliberal, se proponía realizarlo en favor de las clases populares. Así, el gobierno adoptó en 1991 lo que denominó
liberalismo social, que se encaminaría a buscar el bienestar popular, para que no solo los poseedores de capital se
beneficiaran por el nuevo modelo económico. Este paso debía darse, se señalaba, sin el paternalismo estatal de
antaño, que suplantaba esfuerzos e inhibía el carácter.
Así, además de lo económico, se plantearon lineamientos políticos y sociales para ampliar la vida democrática;
recuperar la economía y la estabilidad; y mejorar el bienestar popular. En la política buscaba: abrirse al pluralismo;
fortalecer el ejercicio de las libertades y de la tolerancia religiosa; eliminar el caos de la burocracia y la regulación;
dar nuevo valor a la defensa de los derechos humanos; fortalecer las relaciones entre los poderes, así como entre
la federación, los estados y municipios; y hacer concertaciones con las fuerzas productivas, para alcanzar metas
económicas y sociales benéficas para toda la población.

Se inventa un pacto de estabilidad y crecimiento
La infraestructura productiva y de comunicaciones estaba en el abandono y requerían inversiones urgentes, al
mismo tiempo que se necesitaba enfrentar a camarillas corporativas en sindicatos y capitales especulativos nada
competitivos. En 1988 se congelaron precios con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, PECE, y se
redujo la inflación de un 150% anual a un 18% en 1989; para evitar la fuga de divisas se establecieron tasas de
interés del 50 y 60% anual, con inflación del 19%, con lo que la única esperanza de recuperación se encontraba en
la negociación de la deuda y no en el mercado interno. El PECE duraría hasta 1990.
Para 1989 se emitió el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que lanzó la concepción de un Estado promotor, no
intervencionista y nacionalizador, mientras se abría totalmente el mercado nacional a la importación, con una tesis
de crecimiento hacia afuera, y convocando a la inversión extranjera para una integración del país al mundo. Se
señalaba el compromiso de enfrentar el rezago social y se proponía una nueva reforma política que se obstaculizó
o
omentos, se anulaba la necesidad de pedir nuevos créditos para pagar el servicio de la
nomía y fomentar su crecimiento, proponía eliminar la excesiva intervención estatal para
conv
planta productiva y los servicios, y que renueve,
os.
s de comités de
para ese propósito. 

La negociación de la deuda externa

Una de las primeras acciones del gobierno consistió en celebrar una nueva renegociación de la deuda externa, con
el propósito expreso de lograr una disminución sustancial de la transferencia de recursos al exterior, que a su vez
permitiera el logro de tres objetivos esenciales para la recuperación económica: disminuir la carga gubernamental
del servicio de la deuda; alentar la repatriación de capitales; y atraer la inversión extranjera. El reto implicado en
este proceso consistía en convencer al sector privado, nacional y extranjero, de la política económica del nuev
gobierno, en especial al de los Estados Unidos, pues su apoyo era necesario para llevar a cabo la renegociación.
Las negociaciones empezaron en 1989, firmándose los primeros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y el Club de París. Más tarde, al poner Estados Unidos en práctica el Plan Brady, México se
convirtió en el primer país en lograr un acuerdo con los bancos comerciales en 1990. Con el Plan Brady se
renegoció la deuda externa con los bancos comerciales, con reducción de 55 mil millones de dólares (50%), con
baja en los intereses y la garantía de nuevos financiamientos. El valor de la deuda histórica acumulada se redujo en
más de 20,000 millones de dólares, y con ello se disminuyó la deuda en relación con el PIB, cuyo impacto
económico equivalía a pasar del 60% del producto nacional bruto a fines de 1988, a alrededor del 40% en marzo de
1990. Los beneficios del nuevo paquete financiero significaron un ahorro considerable de divisas para el país, pues
la deuda externa se redujo en 7,200 millones de dólares, y se dejarían de pagar anualmente intereses por 657
millones. Además, las garantías para el pago del principal, de 43,000 millones de dólares, eliminaba la presión de
tener que acumular recursos para pagarlo al término del plazo de los nuevos bonos, en el año de 2019, por lo que
se suponía, en aquellos m
deuda recién negociada.

Se crea el PRONASOL 

Para estabilizar la eco
ertir al estado en:
Un Estado regulador, promotor, corresponsable en el desarrollo y en la promoción de la justicia... que aliente el
crecimiento y la creación de empleo y lo haga con un sentido de justicia corrigiendo las ineficiencias del
mercado que agravan las condiciones de desigualdad entre regiones y entre grupos sociales; que genere las
condiciones para elevar la productividad y competitividad de la
con sustento, las esperanzas de un futuro mejor para tod
En lo social era necesario disminuir la desigualdad entre
los grupos y regiones para que pudieran llevar una vida
digna. Salinas puso en marcha el Programa Nacional de
Solidaridad, PRONASOL, en 1988, con el propósito de
corregir los desequilibrios macroeconómicos, combatir la
inflación, y promover el crecimiento y enfrentar a fondo las
causas de la pobreza; al finalizar el sexenio el programa
no logró acabar con el rezago social, ni abatir la pobreza.
En un principio se integró como un programa adscrito a la
entonces Secretaria de Programación y Presupuesto. Más
tarde se creo la Secretaría de Desarrollo Social,
SEDESOL, destinada específicamente a la administración
y aplicación del programa, a fin de atender las demandas
de las comunidades, canalizadas a través de comités de solidaridad, formados para este proposito.

Reformas políticas 

En 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se modificaron otras leyes, con el fin de mejorar su
protección. Respecto a las comunidades indígenas se modifico el artículo 4° constitucional, donde se reconocía a
los indígenas como mexicanos y la composición pluricultural de la nación. Se aprobó el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, que señalaba al Instituto Federal Electoral, IFE, como
responsable de organizar los procesos electorales. Otra reforma de 1993 fue la creación de órganos de gobierno
específicos para el Distrito Federal, sujetando el nombramiento del Jefe de Gobierno, hecho anteriormente por el
Presidente de la República, a los resultados de un proceso electoral por la población de la ciudad.

Salinas consideró que era necesaria la transparencia en los
asuntos Estado-Iglesia, eliminando preceptos
constitucionales que no se aplicaban en la práctica. En 1992
se reformaron los artículos constitucionales 3, 5, 24 y 130,
que resultaron en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Publico, con el reconocimiento tanto de la personalidad
jurídica de todas las agrupaciones religiosas e iglesias, como
de la ciudadanía para los ministros de culto, con la salvedad
de que estos no podrían ejercer cargos públicos; quedaban
facultados para votar, pero no para ser votados; además,
destaca la restauración de las relaciones diplomáticas con el
Estado Vaticano, reforzada por una nueva visita papal en
1998.

La reforma constitucional del ejido
Con el reparto agrario concluido, y considerando el rezago agropecuario ante el sector industrial, se presentó una
reforma al artículo 27º Constitucional, que se aprobó en 1992. Los lineamientos eran los siguientes: garantizar la
impartición de justicia a través de tribunales federales agrarios dotados de plena autonomía, para resolver los
asuntos relativos a la tenencia de la tierra en ejidos y comunidades; se otorgaba a los ejidatarios y comuneros la
libertad para decidir sobre el destino de sus tierras: asociarse con particulares o con el Estado, e incluso para
enajenarla si así lo deseaban; capitalizar el campo para reactivar la producción y establecer de manera sostenida
su crecimiento y facilitar las inversiones; para ello se consideró necesario eliminar las prohibiciones a las
sociedades mercantiles a efecto de invertir en el agro; y proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal.
Para completar esa reforma, Salinas de Gortari estableció el Programa de Apoyos al Campo, Procampo, a fin de
otorgar subsidios directos en toda la República, proporcionar una distribución más equitativa de los ingresos y que
contribuyera a la producción de insumos agropecuarios. En junio de 1994 se expidió un decreto que regulaba la
operación de dicho programa y establecía su permanencia, por un lapso de 15 años, hasta junio del 2009.

Las relaciones exteriores
La actividad desplegada por el gobierno en política exterior estuvo estrechamente vinculada al proyecto económico,
cuyos primeros pasos se habían dado en el sexenio anterior. La apertura comercial, el saneamiento de las finanzas
públicas, la privatización de empresas estatales y la desregulación de la economía habrían de tener gran influencia
sobre el rumbo de las relaciones de México con el exterior. Se llevó a la práctica la idea de que la inserción de
México en el mercado internacional, unida a la captación de inversiones extranjeras, constituía el medio más
adecuado para salir de la crisis y lograr el desarrollo nacional, en un contexto de cambio mundial con la caída del
socialismo y desaparición de la Unión Soviética, cuyos efectos políticos inmediatos transformaron el panorama
europeo y, de manera más significativa, pusieron fin a la Guerra Fría.
Desde su ingreso al GATT, en 1985, México participó en reuniones para impulsar el comercio mundial de bienes y
servicios, cuyos acuerdos concluyeron en 1990, con la creación de una organización que la sustituyera, la
Organización Mundial de Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), que inició sus funciones en 1995. Por
otra parte, se logró en 1993 el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos,
OCDE; el interés se insertaba en la nueva orientación de su política económica, en el contexto de la globalización.
Dicha organización había sido creada en 1960, como un foro de consulta y coordinación entre los gobiernos de los
países miembros, con la finalidad de expandir la economía y el empleo, así como promover el bienestar económico
y social de sus habitantes. 

Un nuevo modelo económico y el saldo económico del sexenio
Se consideraba que el modelo de sustitución de importaciones había causado el bajo desempeño del sector
manufacturero en materia de crecimiento y empleo, al impedir que dicho sector fuera lo suficientemente competitivo
como para integrarse en la nueva economía mundial. En condiciones de una economía cerrada a la competencia
con el exterior, el proceso de industrialización había generado altos costos, bajos niveles de calidad, rezago
tecnológico y una asignación ineficiente de recursos. Además, las regulaciones excesivas u obsoletas impusieron
costos elevados e innecesarios a los inversionistas, desalentando la productividad. Se consideraba que al exponer
los productores sus bienes manufacturados a la competencia internacional, se obligarían a ser más eficientes y
competitivos, y sus productos serían atractivos, en calidad y precio, para tener aceptación en el mercado exterior.
Durante el sexenio salinista la nueva política industrial mostró efectos favorables, sobre todo en el primer año,
cuando el crecimiento de la producción manufacturera pasó de 3.2% en 1988, a 7.2% en 1989. Entre este último
año y 1992 creció a una tasa promedio anual de 4.9% y, aunque en 1993 disminuyó 1.5%, el promedio global del
periodo fue de 3.6% (muy cercano al total del PIB, de 3.5%), marcando una significativa diferencia con el
correspondiente al sexenio de Miguel de la Madrid, que fue de 0.88%. También aumentaron y se diversificaron
considerablemente las exportaciones de productos industriales. Mientras que en 1987 las exportaciones petroleras
representaban alrededor de 31% de las exportaciones totales, para 1993 equivalían tan sólo al 14%.
En cambio, en el mismo lapso, las exportaciones manufactureras ascendieron de 61% a 80% del total. Pero las
importaciones crecieron más rápidamente que las exportaciones. La entrada de capitales, impulsada por la apertura
comercial, trajo consigo un aumento considerable de la importación de productos manufacturados, sobre todo de
Estados Unidos, llegando a duplicarse éstos en el lapso 1985–1993, de 3.2% a 6.5%. La internacionalización de la
producción industrial mexicana incluyó también la evolución de la industria maquiladora; durante el periodo 1989–
1993 alcanzó tasas medias de crecimiento anual de 9.4% en el número de establecimientos, y de 7.1% en la
generación de empleos. 

 El Tratado de Libre Comercio
El acuerdo de libre comercio que México estableció con Estados Unidos y Canadá, durante el gobierno salinista,
tuvo como antecedente la iniciativa del presidente estadounidense George Bush, quien buscaba formar en el
continente americano un mercado común que, al ser el más grande del mundo, fuera capaz de competir con la
Comunidad Económica Europea. La propuesta se complementó con la llamada Iniciativa para las Américas,
orientada a impulsar las economías de los países al sur de la frontera de EUA, mediante un programa de ayuda
económica basado en tres aspectos principales: reducción de la deuda, inversión, y libre comercio. De acuerdo con
ese proyecto el primer paso consistía en integrar a su inmediato vecino del sur, México, a un acuerdo comercial ya
existente entre Estados Unidos y Canadá, y constituir así el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC.
El proceso de negociación se inició en 1991, terminó en 1992, y entró en operación en 1994.
En México, el temor de tener como socios comerciales a EUA y al Canadá se fundamentaba en experiencias de
acuerdos suscritos en el pasado, casi siempre desfavorables, que acentuaron la dependencia del país respecto a
sus poderosos vecinos del norte. El sector empresarial temía las implicaciones de una competencia desigual, en
tanto que los grupos de izquierda alertaban sobre las repercusiones negativas que el tratado pudiera traer para las
clases trabajadoras. Nadie imaginaba, en esos momentos, que la más importante y significativa protesta se
presentaría por parte de los sectores más desprotegidos, social y económicamente, y los menos atendidos por el
Estado, las comunidades indígenas. 

La insurrección indígena

El 1° de enero de 1994, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, integrado en su mayoría por indígenas
tzeltales, tzotziles y tojolabales, tomó por las armas San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de Altamirano,
Las Margaritas, Ocosingo y Chanal en Chiapas. Al día siguiente se hizo pública la Declaración de la Selva
Lacandona, que constituía una declaración de guerra en contra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Luego de
enfatizar un Hoy decimos basta, se agregaba que después de haber intentado por medios legales la aplicación de
la Carta Magna, se recurría a la aplicación de su artículo 39º para autodirigirse y enfrentar:
...al ejército federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido del
poder y encabezada por su jefe ilegitimo, Carlos Salinas de Gortari...
Una vez que hicieron un llamado a la Cruz Roja Internacional y se acogieron a las Leyes Sobre la Guerra de la
Convención de Ginebra, los comandantes del EZLN expusieron sus metas; la primera consistía en avanzar hacia la
capital del país venciendo al ejercito federal mexicano; proteger en su avance liberador a la población civil y permitir
a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas. Por último, tras
solicitar el apoyo del pueblo de México, lo invitaba a integrarse a las fuerzas del EZLN.
Las negociaciones con el EZLN
En los primeros doce días que siguieron a la declaración de guerra, el gobierno federal pasó de la respuesta militar
a la negociación política; del llamado enérgico gubernamental al EZLN para deponer la conducta violenta e ilegal,
se pasó al reconocimiento de lo que no funcionó. A partir del 9 de enero el gobierno empezó a mostrar una actitud
más conciliadora y anunció la creación de una comisión especial; al mismo tiempo que Salinas de Gortari anunció
cambios en su gabinete; el primero fue remover de la Secretaria de Gobernación a Patrocinio González Garrido, ex
gobernador chiapaneco y, por otra, nombrar a Manuel Camacho Solís como Comisionado para la Paz y la
Reconciliación en Chiapas.
El 16 de enero el gobierno ofreció la amnistía para quienes hubieran participado en el levantamiento y cinco días
después daban comienzo las pláticas en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, con Camacho como
representante del gobierno y el obispo Samuel Ruiz como mediador del conflicto. El EZLN presentó un pliego
petitorio de 34 puntos, algunos se referían a mejorar las condiciones sociales en el Estado de Chiapas, así como
lograr un proceso democrático en las elecciones de 1994. Desde el día del levantamiento y hasta la tercera semana
de marzo, el tema de Chiapas acaparó la atención de los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que
destacaban la figura del Subcomandante Marcos, restando notoriedad a las campañas electorales. La sociedad
mexicana se había obligado a replantearse muchas de las ideas que tenia sobre su propia realidad.
Un accidentado proceso electoral
El conflicto de Chiapas fue tema obligado en los discursos de los candidatos presidenciales: Luis Donaldo Colosio
del PRI, Diego Fernández de Ceballos del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del recientemente formado Partido de la
Revolución Democrática, PRD; todos coincidieron en que el cambio por medio de las armas no era lo adecuado
para resolver los conflictos. La necesidad del gobierno de ganar credibilidad en los comicios de 1994 impulsó como
Secretario de Gobernación a Jorge Carpizo, con lo que el IFE quedaría en manos de una persona que, al no estar
afiliado a partido político alguno, podría actuar con imparcialidad y limpieza; mientras Camacho, precandidato
priísta perdedor ante Colosio, incrementaba su capital político y prestigio gracias a los avances en las
negociaciones con el EZLN. Esta circunstancia dio origen a rumores sobre la posibilidad de que el PRI cambiara de
candidato a la Presidencia a su favor. El 27 de enero, Salinas declaró no se hagan bolas, y afirmó que el PRI tenía
ya al candidato que habría de llevar al poder al partido oficial en las elecciones.
El 6 de marzo Colosio proclamó, con motivo del 65º aniversario del PRI, en un discurso que llegaría a ser el más
duro y propositivo de su campaña, sus propuestas para reformar el poder y acabara con el presidencialismo: hacer
del federalismo mexicano una realidad; establecer una nueva relación entre al PRI y el gobierno; promover la
autocrítica dentro del PRI para posibilitar el cambio; reconocer la insensibilidad del PRI frente a los reclamos de la
sociedad; cerrar el paso a toda intención desestabilizadora; adoptar la premisa del cambio como única línea de
continuidad; asegurar la certidumbre económica a partir de finanzas públicas sanas, que a su vez se tradujeran en
finanzas familiares sanas; garantizar la transparencia electoral; y aceptar la presencia de observadores nacionales
y visitantes internacionales en el proceso electoral.
El discurso causó conmoción para quienes lo veían como una amenaza para la hegemonía del PRI, mientras
continuaron las presiones para la eventual sustitución de la candidatura de Colosio. Así las cosas, el candidato
priísta fue asesinado, durante un mitin de campaña en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, Baja
California, el 23 de marzo. En el lugar de los hechos fue aprehendido un ilustre desconocido, Mario Aburto
Martínez, como presunto autor material del crimen. El móvil del asesinato, –al que se dio carácter de magnicidio–,
nunca se explicó. Salinas designó una subprocuraduría especial para la investigación del crimen, que aprehendió a
varias personas para luego liberarlas por falta de ppruebas, para llegar al final del sexenio sin que se lograra un
avance significativo en las investigaciones, mientras el estridente anterior candidato pronto cayó en el olvido.

De: Rafael Alfonso Carrillo Aguilar 

Desplome de la economía mexicana por inestabilidad y desgobierno en cinco sexenios

Pedro Echeverria V.

1. Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) el crecimiento promedio anual del producto interno bruto (PIB) –que es el indicador más amplio sobre el desempeño de la economía- fue apenas de 1.66 por ciento, el más bajo en los pasados 24 años. Esto informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), cuando se instrumentó la apertura comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la economía mexicana registró un crecimiento promedio anual de 3.17 por ciento; en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), periodo en que la economía experimentó la recesión de 1995, el PIB avanzó a una tasa promedio por año de 2.94 por ciento; el gobierno siguiente, encabezado por Vicente Fox (2000- 2006), el crecimiento promedio de la economía fue de 2.43 por ciento al año. Peor, imposible.
2. Pero Calderón no será juzgado y menos irá a la cárcel por profundizar la pobreza del pueblo mexicano y provocar más de 100 mil muertos y asesinados. Al contrario, Calderón recibirá –como los demás expresidentes- medio millón de pesos mensuales de por vida, más servicios personales y de seguridad de unas 25 personas. Y si nada importante sucede, lo más probable es que entre seis años estaremos diciendo más o menos lo mismo del gobierno de Peña Nieto, que entre unos días tomará posesión. ¿Pero puede acaso olvidarse que la caída de la producción, la falta de crecimiento de la producción, la desconfianza de los inversionistas, la merma de mercados, las crisis en general de México, está desligada de la situación internacional de los últimos 30 años en la que Europa es el continente más notable? Es decir, el desplome de la economía de México es parte de la caída de la economía mundial.

3. ¿Cuál es entonces la causa de la caída mundial y entre ella el desplome de la economía mexicana? Quizá parte de las respuestas puedan encontrarse en los gigantescos gastos mundiales de la economía de guerra, la enorme concentración de los recursos entre algunos países y los poderosísimos monopolios. Hace año y medio escribí un artículo comentando el gran poder del banco privado de la “Reserva Federal” que se apoderó desde principios del siglo XX de los EEUU y la inmensa mayoría del mundo. Decir familias Rotschild, Rockefeller, Morgan, Warburg o Golman Sachs, es hablar de quienes controlan a los presidentes yanquis y trazan políticas económicas y financiera en el mundo. Y no se trata simplemente de “judíos”, “mazones” o “marcianos” que se han apoderado del mundo, sino de personajes de carne y hueso que durante un siglo han tejido fino para apoderarse de la estructura mundial.

4. Como esos personajes hay otros grupos más entre los ocho países o entre los 20 más desarrollados, que ordenan a la Casa Blanca, a la ONU, al FMI, a la OTAN, acerca de los tratados y acuerdos que se deben instrumentar entre los gobiernos de los países subdesarrollados o a medio desarrollo. ¿Y en México? ¿Cómo operan en nuestro país los poderosos consorcios o monopolios que determinan acerca de las políticas nacionales? López Obrador ha propagado ampliamente en su libro sobre “La mafia que se adueñó de México…”, que esa mafia del poder económico y político de México está conformada por 30 grandes ricos y políticos, que conforman “la oligarquía rapaz”, encabezados por el expresidente Carlos Salinas, y enlista a Slim, Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Jerónimo Arango, Emilio Azcárraga y otros más.

5. Lo que todos deberíamos preguntarnos: ¿Realmente gobiernan los presidentes de México o sólo administran el gobierno guiados por el grupo empresarial de poder? Por ejemplo, el gran monopolio de Televisa, por lo menos desde el gobierno de Díaz Ordaz (1964-70), no ha dejado de ser el grupo más apoyado por los gobiernos y por eso ha multiplicado su poder; lo mismo puede decirse de Teléfonos, los bancos y las minas. En tanto esos y muchas más empresas concentran gigantescas cantidades de capital distribuidos en muchas empresas privadas, la población sigue tan miserable como hace 100 años. Informes oficiales reconocen (conservadoramente) que el 60 por ciento de la población vive en la pobreza y de ese porcentaje la mitad vive en la miseria, es decir, sin seguridad de comida o alimentación. Y lo más grave es que en lugar de disminuir la concentración de dinero aumenta y, por el contrario, la miseria de la población crece.

6. Pero tampoco nos vayamos con el engaño de que en la “crisis mundial” todos los países están estancados o desplomándose. La realidad es que países como China, Venezuela, Japón, Perú, han logrado crecer del 7 al 10 por ciento –el triple o cuatro veces que el crecimiento de México- porque han intensificado su producción y han logrado mercados. Peña Nieto entrará a la Presidencia amarrado de pies y manos y no tendrá espacios para moverse aunque quiera. La población seguirá saliendo a la calle porque es la única vía que le queda para protestar e impedir que se le termine de aplastar. MORENA, que realizará su Congreso de fundación el próximo lunes y martes, tendrá la oportunidad de crear una alternativa para hacer más fuertes la movilizaciones, Si México se está desplomando económicamente la oposición política debe agrupar el descontento.
Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

Miguel de la Madrid (1 Dec 1982 - 30 Nov 1988)